En particular, Canadá se comprometió a desplegar nueva tecnología y personal en la frontera con Estados Unidos, además de coordinar esfuerzos con Washington para combatir el crimen organizado, el tráfico de fentanilo y el lavado de dinero.
Por su parte, México aceptó reforzar la seguridad fronteriza con el despliegue de 10 000 efectivos de la Guardia Nacional para frenar la inmigración ilegal y el contrabando de drogas hacia territorio estadounidense.
A pesar de esta prórroga para México y Canadá, la administración Trump mantiene sus planes de imponer, a partir del 4 de febrero, un arancel del 10 % a los productos chinos.