Este pacto, ratificado este viernes por el Gobierno español, es prueba de que la prioridad es garantizar los derechos de los ciudadanos, argumentó la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Aseguró que ésta es una más de las iniciativas de Madrid para defender los derechos de los ciudadanos y prepararse para la posibilidad de que el Brexit previsto para el 29 de marzo, sea sin acuerdo.