Foto de ilustración (VNA)

La ley Helms-Burton permite reclamar ante la Corte Suprema de Estados Unidos los bienes expropiados por el Gobierno de Fidel Castro. Con antelación, en enero de 2019, el presidente norteamericano, Donald Trump, advirtió reactivar dicha norma, la cual fue promulgada en 1996 para otorgar a los estadounidenses el derecho de pedir a las compañías, en su mayoría europeas, que operan hoteles, fábricas de tabaco, destilerías y otras propiedades que Cuba nacionalizó después de que el comandante en jefe Fidel Castro tomara el poder en 1959. Incluso permite las demandas de cubanos nacionalizados estadounidenses años luego de que sus bienes fueron confiscados.

Presión sobre la atracción inversionista de Cuba

El renacimiento del título III de la ley Helms-Burton se anunció en el contexto de que Cuba ha registrado adelantos económicos, especialmente en la atracción de inversiones extranjeras. La mayor de las Antillas está buscando aumentar la efectividad de la economía y las exportaciones para promover los logros económicos del 2018 con el crecimiento del 1,2%. Reafirmó la disposición de actualizar y aplicar los modelos socioeconómicos y mejorar el ambiente de negocios para atraer a los inversores foráneos. Hasta el presente, más de 500 proyectos de capitales extranjeros se distribuyen en el país con un valor estimado en más de 11 mil millones de dólares.

En el marco de la Feria Internacional La Habana FIHAV 2018, Cuba publicó una lista de cerca de 170 proyectos potenciales con el deseo de captar más inversiones en los campos de la ganadería, las industrias alimentaria, ligera y química, la mecánica, la minería, el turismo y la metalurgia.

En reacción ante la decisión del Gobierno estadounidense respecto a la ley Helms-Burton, La Habana expresó la determinación de responder a las sanciones por parte de Washington. No reconoce la vigencia de esta norma en su territorio.

Condena categórica de aliados de Estados Unidos

La decisión de Donald Trump no solo impacta en el entorno inversionista en Cuba, sino también en las operaciones empresariales de Canadá y Europa. Canadá, Francia, España, el Reino Unido y otros países con grandes inversiones en la isla han manifestado su rechazo a la ley y han amenazado con una demanda ante la Organización Mundial del Comercio en caso de que Washington intente interferir en los vínculos comerciales entre Cuba y alguna otra nación soberana. La aplicación territorial del embargo de los Estados Unidos es ilegal y es contraria al derecho internacional, dijo Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea (UE) en Cuba. Mientras, la alta representante del bloque continental para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, se comprometió a impulsar el papel primordial de su entidad a favor de la apertura económica cubana. Aseguró que cualquier cambio de las políticas de Washington sobre Cuba no afectaría en la amistad y las relaciones de la agrupación con la isla caribeña. Son estables y fiables, acotó. En una declaración el 17 de abril, reafirmó que hará todo lo posible para impedir la aplicación del título III de la ley Helms-Burton.

Por su parte, España, tercer socio comercial de Cuba, se comprometió a respaldar a las empresas nacionales en la isla caribeña. El Ministerio de Asuntos Exteriores español ratificó que Madrid trabaja activamente junto con la Comisión Europea, el resto de Estados miembros de la UE y otros socios internacionales para adoptar “todas las medidas oportunas” en los foros multilaterales que permitan defender sus intereses y el futuro de las empresas españolas en Cuba.

Numerosas administraciones norteamericanas suspendieron el cumplimiento del título III de la ley Helms-Burton para evitar posibles disputas comerciales. Sin embargo, Donald Trump dio luz verde a las demandas de las compañías extranjeras en Cuba, acto considerado como un gran cambio de la postura de Washington sobre La Habana. También es como un arma de doble filo que por un lado, tendrá un impacto en la atracción de inversiones en la mayor de las Antillas, y por otro lado, perjudicará las relaciones entre Washington y sus aliados.