La también denominada Ley Helms-Burton fue aprobada en 1996 por la administración del entonces presidente Bill Clinton para sentar una base jurídica del embargo impuesto a la isla caribeña. La cláusula, conocida como Título III, ha sido suspendida desde su creación y permite a los ciudadanos de Estados Unidos demandar a las compañías extranjeras por propiedades incautadas en la década de 1960 por el Gobierno cubano.

Desde la entrada en vigor de dicha legislación, los ocupantes de la Casa Blanca de diferentes generaciones la renovaron en sus respectivos mandatos, pero suspendieron la aplicación del Título III por un plazo de 6 meses.