 Soc Trang desarrolla manglares para reducir la erosión costera. |
En virtud de país signatario de las declaraciones de las Naciones Unidas sobre medio ambiente y derechos humanos, Vietnam ha institucionalizado el derecho de sus ciudadanos de vivir en un ambiente sano y saludable. Entre los textos jurídicos del país en la materia, la Ley de Protección de Medio ambiente de 1993 menciona en su prólogo la importancia de elevar la eficiencia de la gestión estatal y la responsabilidad de las instancias administrativas, los organismos estatales, las organizaciones socioeconómicas, las unidades militares y todos los individuos en la protección del entorno, lo cual es necesario para garantizar la salud de la población y el derecho de las personas de vivir en un ambiente sano, al servicio del desarrollo duradero del país y en contribución a la protección del medio ambiente de la región y del mundo entero.
Esto también fue resaltado en la cláusula 2, del artículo 3 de la Ley de Protección de Medio Ambiente de 2005. Se establece que “proteger el medio ambiente es una causa para toda la sociedad y el derecho y deber de los organismos estatales, organizaciones, familias y personas”. En la enmendada legislación respectiva de 2014, este principio se halla en la cláusula 2 del artículo 4, que reseña lo siguiente: “La protección medioambiental debe ligarse armoniosamente con el desarrollo económico, el bienestar social, la garantía de los derechos de los niños, la promoción de la igualdad de género y el desarrollo, así como con la preservación de la biodiversidad y la respuesta al cambio climático para asegurar que todas las personas puedan vivir en un entorno sano”.
Los textos jurídicos relativos al tema son confeccionados sobre la base de la adaptación de los convenios internacionales pertinentes de los que este país forma parte al sistema de leyes nacionales. Asocian la responsabilidad de cumplir los requisitos de la respuesta al cambio climático en las actividades de producción, comercio y servicios de las organizaciones y los particulares con el cumplimiento de las funciones de administración estatal de los organismos competentes.
En este sentido, los derechos humanos en este campo están vinculados al acceso a la información sobre el medio ambiente. La Ley de Protección del Medio Ambiente de 2014 de Vietnam establece que la comunidad tiene derecho a estar informada y a pedir la información sobre el cambio climático, excepto en algunos casos con información clasificada. Además, estipula que los órganos gerentes sobre el cambio climático tienen la responsabilidad de suministrar información y organizar las actividades encaminadas a elevar la conciencia popular, así como a facilitar la participación de la comunidad en actividades de enfrentamiento al cambio climático.
La garantía de los derechos humanos en las políticas y leyes de Vietnam sobre el cambio climático también se refleja en las regulaciones relativas al desarrollo de la planificación de protección ambiental. Se establece que esta cuestión debe ser conforme a las condiciones socioeconómicas naturales, estrategias y planes maestros de desarrollo socioeconómico, defensa y seguridad, y a la estrategia nacional de protección del medio ambiente para garantizar el desarrollo sostenible, así como a la planificación del uso del suelo. Además, la garantía de los derechos humanos en las políticas sobre cambio climático está asociada a la formulación de estrategias, planes de desarrollo socioeconómico y proyectos de inversión. La sincronización de los contenidos pertinentes en estrategias, planes de planificación y desarrollo socioeconómico, programas de desarrollo sectorial y proyectos de inversión, debe basarse en la evaluación del impacto mutuo, por un lado de las actividades de esos planes y estrategias y por el otro, el medio ambiente y el cambio climático, para así adoptar un sistema de medidas que proteja el entorno y mitigue los efectos negativos de la alteración del clima.
Las políticas y leyes de Vietnam al respecto también estipulan que la garantía de los derechos humanos en el cambio climático, debe estar asociada con la gestión de las emisiones de gases de efecto invernadero, la valorización energética de los residuos, la producción y el consumo respetuoso con el medio ambiente, y la aplicación y la promoción de la ciencia y la tecnología. La garantía del mismo derecho también debe vincularse a la explotación sostenible de los recursos naturales al servicio de los objetivos de desarrollo sostenible.