De acuerdo con este documento, el Gobierno, el Tribunal Popular Supremo, la Fiscalía Popular Suprema, la Administración General del Trabajo y los otros órganos competentes deben proponer las modificaciones necesarias a las disposiciones actuales del Código del Trabajo y demás documentos legales pertinentes para garantizar su concordancia con el Convenio 98 y facilitar su implementación. También tienen la misión de divulgar sobre el contenido de la convención a la población.