Ubicado en África Occidental, Níger ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia en 1960, el penúltimo en febrero de 2010. Con dos tercios de su superficie cubierta por desiertos, este país cuenta con alrededor de 25 millones de personas, regularmente ubicadas por debajo del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas.
Caer en el caos
El presidente Mohamed Bazoum tomó el poder en 2021, cuando el país estuvo sumido en la pobreza y desde entonces, ha persistido allí la inestabilidad con la aparición de atracadores armados o grupos yihadistas en su frontera.
En un comunicado emitido tras la destitución del presidente del pasado 26 de julio, el portavoz militar de Níger, coronel Amadou Abdramane, justificó que la decisión fue para “acabar con el régimen que deteriora la situación de seguridad y la mala gobernanza económica y social”. Agregó que las fronteras del país estaban cerradas y que había un toque de queda en todo el territorio.
En particular, solo dos días después de la destitución del presidente (28 de julio), el general Abdourahamane Tchiani, jefe de la Guardia Presidencial desde 2011, se autoproclamó nuevo líder de la nación africana y advirtió que cualquier intervención militar extranjera llevaría a la anarquía. Junto a esto, la junta militar también arrestó a muchos miembros del gobierno del derrocado presidente constitucional Mohamed Bazoum.
Según los analistas, la inestabilidad política en Níger se debe en gran medida a la influencia de algunos países vecinos. Al mirar hacia atrás, desde el año 2020 en África Occidental se produjeron golpes de Estado en varios países de esta región, incluidos Malí, Guinea y Burkina Faso. A fines del año pasado, los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) acordaron formar una fuerza regional para intervenir en caso de rebelión y luchar contra los yihadistas
Respuestas de la comunidad internacional
Ante la crisis política en Níger, los líderes militares de Malí y Burkina Faso advirtieron que cualquier intervención internacional contra Niamey conduciría a una declaración de guerra contra sus propios países.
Por el contrario, en la declaración conjunta de su reunión de emergencia celebrada el 30 de julio en Abuja (Nigeria), los líderes de la ECOWAS exigieron que la junta militar establecida por las facciones golpistas en Níger renuncie al poder y restaure el orden constitucional y el cargo para el presidente Mohamed Bazoum. En el plazo de una semana, si no se cumple este requisito, ECOWAS tomará todas las medidas necesarias, posiblemente incluidas medidas militares, para restablecer el orden constitucional en Níger, advirtió la Declaración.
En paralelo, dirigentes de 15 países de África Occidental también decidieron imponer una serie de sanciones contra la facción golpista en Níger, tales como congelar transacciones financieras y comerciales, cerrar las fronteras con ese país, prohibir la entrada de personas involucradas en la agitación política, al tiempo que condenaron la mano extranjera en el intento de asonada.
En el plano internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó enérgicamente el golpe de Estado en Níger, y rechazó "cualquier intento de tomar el poder por la fuerza y socavar la gobernabilidad democrática, la paz y la estabilidad" en el país. Asimismo, hizo un llamamiento a todos los actores involucrados para que "ejerzan la moderación y garanticen la protección del orden constitucional".
A su vez, la Unión Europea (UE), Alemania y Francia anunciaron que suspenderán todo apoyo financiero y la cooperación para el desarrollo con Níger.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que la asociación económica y de seguridad de su país con Niamey, estimada en cientos de millones de dólares, depende del mantenimiento de la democracia y el orden constitucional en el país. Ese apoyo está en peligro y las prácticas desestabilizadoras deben revertirse de inmediato, alertó.
En los últimos años, Níger se ha enfrentado a las amenazas yihadistas en el suroeste y el sureste. El derrocamiento de un gobierno constitucional en este país complicará los esfuerzos occidentales para ayudar a los países de la región del Sahel a luchar contra la insurgencia yihadista, al tiempo que dificulta cada vez más la vida de los pobladores de los países más pobres del mundo.