 La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en una conferencia de prensa el 1 de octubre de 2020. (Foto: EPA) |
El conflicto surgió después de que los diputados británicos aprobasen el pasado 29 de septiembre el controvertido proyecto de ley impulsado por el Gobierno del primer ministro, Boris Johnson, que revoca disposiciones del pacto del Brexit, en una asumida violación del derecho internacional al invalidar unilateralmente partes clave del Acuerdo de Retirada que el Reino Unido firmó con la UE. La presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, describió tal decisión como una violación del derecho internacional y una erosión de la confianza. Anteriormente, esta institución estableció una fecha límite para que el Reino Unido retirara estos términos controvertidos, pero la parte británica no los cumplió.
Argumentos de ambas partes
Cada parte ha presentado sus propios argumentos sobre este tema. Londres afirmó que la ley del mercado interno le permitirá crear una red legal segura en la garantía de empleos para sus trabajadores y la protección de la paz para Irlanda del Norte. Consideró “necesaria” la promulgación de esta legislación, por lo que garantizará un comercio fluido e ininterrumpido entre Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, así como mejorará la resiliencia económica después de la pandemia del covid-19 cuando el periodo de transición post-Brexit termine a finales de este año.
Boris Johnson catalogó el documento como una “red legal de seguridad” que evita, en su opinión, “interpretaciones extremas o irracionales” de los compromisos firmados. Afirmó que su misión es asegurar la integridad del mercado interno, proteger el proceso de paz de Irlanda del Norte y el Acuerdo del Viernes Santo de 1998, que puso fin a tres décadas de conflicto en ese territorio.
Cabe añadir que el proyecto de ley del mercado interno británico anula unilateralmente secciones del Acuerdo de Retirada con la UE, en el cual estipula que Irlanda del Norte formará parte de la Unión Aduanera del Reino Unido, pero deberá cumplir con las reglas del Mercado Único Europeo. Además, el texto busca evitar que este territorio quede desligado comercialmente del resto del Reino Unido en caso de que Londres y Bruselas no logren pactar sus futuras relaciones antes de la fecha límite, el 31 de diciembre.
Por su parte, la UE ha rechazado enérgicamente dicho proyecto de ley desde que el Gobierno británico lo anunciase. Argumentó que el dispositivo pretende modificar la cláusula “clave” diseñada para evitar un restablecimiento de la frontera “dura” entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte.
A principios de septiembre, el vicepresidente de la CE, Maros Sefcovic, convocó una reunión extraordinaria del Comité Mixto de la UE y el Reino Unido para solicitar al Gobierno británico que explique sus intenciones y responda ante las preocupaciones del bloque comunitario al respecto. Mientras, Ursula von der Leyen advirtió a Londres que debe retirar esta intención y amenazó con iniciar acciones legales. A su vez, el presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, dijo que “cualquier intento de Gran Bretaña de dañar el acuerdo tendrá graves consecuencias”. Por otra parte, Alemania instó al Reino Unido a respetar seriamente los compromisos del Brexit que acordó antes de abandonar oficialmente el bloque.
A sus impactos siguen
Desde que anunció el proyecto de ley a principios de septiembre, Boris Johnson admitió públicamente que este documento infringe el derecho internacional “de una manera muy especial y limitada”.
La razón para decir esto es que, según el Acuerdo de Retirada firmado con la UE, el Reino Unido debe ponerse en contacto con la parte europea al llegar a cualquier pacto con Irlanda del Norte, territorio que marca la única frontera terrestre entre ambas partes. Por lo tanto, dicha medida unilateral de Londres empujará sus negociaciones comerciales, que continúan estancadas. Antes, la agrupación continental advirtió repetidamente que la violación del Acuerdo de Retirada obstaculizará llegar a un pacto comercial bilateral.
Después del anuncio de posibles medidas legales por la UE, el Reino Unido tendrá un mes para dar respuestas a la CE. Luego, esta institución evaluará si estas son satisfactorias y podrá pedir a Londres que retire los términos controvertidos de su proyecto de ley. Por lo contrario, la CE puede demandar al Reino Unido en el Tribunal de Justicia de la UE con sede en Luxemburgo. Eso significaría que las relaciones entre Londres y Bruselas entrarían en un nuevo período de tensiones.