Estación de compresión de un sistema de gasoductos en Leningrado, Rusia. (Foto de ilustración: TASS/VNA)

El documento reseña que dichas medidas están destinadas a proteger los intereses nacionales de Rusia frente a las acciones hostiles y contrarias al derecho internacional de los países occidentales y varias organizaciones internacionales.

Asimismo, el mandatario ruso añadió que las sanciones de Occidente constituyen una privación ilegal del derecho a la propiedad de las empresas y ciudadanos rusos.

A partir de ello, el jefe de Estado dispuso un plazo de 10 días al Kremlin para ejecutar una relación de personas naturales y jurídicas que serán sancionados.

La normativa impone una prohibición a las personas físicas y entidades bajo la jurisdicción de Rusia a “realizar transacciones, incluidos contratos internacionales, con entidades legales, individuos y organizaciones bajo sanciones por parte de Moscú”.

De igual manera, el decreto impide a estos sujetos “la exportación de productos y materias primas fabricadas en Rusia y destinadas a los afectados por las medidas punitivas”.