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En este documento, la cartera exige a las empresas que desarrollen plataformas digitales que sean capaces de protegerse, además de tener herramientas para procesar y eliminar contenidos que infrinjan la ley.
En particular, los propietarios de esos espacios virtuales deben implementar medidas destinadas a garantizar la seguridad de la información, así como deberán publicarlas para manejar y proteger la información personal.
Además, las mencionadas unidades no están autorizadas a proporcionar, compartir o distribuir datos personales de los usuarios, excepto con el consentimiento del titular de la información o a solicitud de las agencias estatales competentes.
Las plataformas digitales cuentan con muchas ventajas. Son simples, convenientes, flexibles y pueden llegar a un gran número de personas de manera fácil, sin requerir mucha inversión, gestión ni mantenimiento. Sin embargo, la fuga de datos en estos espacios sigue ocurriendo a una escala cada vez mayor en el país y en el mundo. Mientras tanto, la difusión de noticias falsas y contenidos que violan la ley, especialmente en plataformas digitales transfronterizas, se hacen cada vez más frecuentes, con impactos negativos.