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Dicha ordenanza, que consta de 5 capítulos y 48 artículos, fue aprobada el 24 de marzo de 2022 por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional, XV legislatura, en su novena reunión.  

En este sentido, para garantizar al máximo los derechos humanos, los tribunales y jueces asumirán la responsabilidad de reunirse con especialistas de diferentes sectores y con los organismos competentes para consultarles acerca de la situación mental, económica y escolar de los drogodependientes de 12 a 18 años de edad en litigio. La sesión de trabajo debe ser organizada en forma virtual o presencial garantizando la seguridad de los participantes.

Además, la Ordenanza requiere la mejora de la profesionalidad de los jueces encargados de organizar dicha reunión, especialmente en cuanto a la psicología y ciencias de educación para los adolescentes.