La Cancillería de México manifestó en un comunicado su “desacuerdo” ante esta medida por las afectaciones que podría provocar a los mexicanos en esa situación. Se estima que esta medida afecte a unos 900 solicitantes a partir de febrero.

El gobierno azteca “dará puntual seguimiento al cumplimiento de los derechos humanos contemplados en los acuerdos internacionales firmados y ratificados” por ambos países, añadió en su nota.

Se trata de una nueva acción por parte de Washington para reducir drásticamente el número de solicitantes de asilo que se presentaban en su frontera sur.