Según el proyecto, las entidades que se responsabilizan de cubrir las recompensas son las últimas que emiten fallos erróneos relativos a las víctimas. Según muchos legisladores, este punto se traducirá en la incoherencia y la imposibilidad de implementar de modo objetivo las indemnizaciones. Además, en muchos casos es difícil determinar claramente qué organismo es el último que emite veredictos equivocados.
En los mismos debates, la mayoría de los diputados expresaron el respaldo a la estipulación de indemnizar los daños morales a los familiares de una persona condenada por error, solamente en el caso de que esa última esté muerta.
Por la tarde, las deliberaciones parlamentarias se centraron en el plan de construcción de leyes y decretos de 2018 y otro relativo al programa de supervisión del Legislativo en el mismo año.