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El referéndum tenía como objetivo obtener el respaldo ciudadano para hacer frente a la inseguridad, uno de los principales desafíos del país. Previamente, el presidente Noboa decretó un "conflicto armado interno" contra una veintena de bandas criminales a las que su Gobierno ahora considera "terroristas" y "actores beligerantes no estatales".

Desde entonces, las autoridades han detenido a casi 2.000 personas y más de 150 de ellas han sido acusadas de terrorismo. Según el balance oficial, también resultaron muertos cinco cabecillas de algunas de las 22 bandas a las que el Gobierno catalogó de grupos terroristas.