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La mayoría de las opiniones coincidieron en que se trata de una solución importante para mejorar la eficacia de la educación de los presos, crear condiciones para que estos trabajen y aprendan trabajos apropiados, con el fin de aumentar sus capacidades cuando estén reintegrados a la comunidad y evitar la reincidencia. Al mismo tiempo, creará un mecanismo destinado a movilizar recursos sociales para participar en la ejecución de sentencias penales.

Los diputados pidieron al Gobierno que especifique los criterios y procedimientos de selección de los presos para el modelo, además de considerar su implementación adecuada con las condiciones de cada centro penitenciario, en consonancia con las leyes pertinentes y la viabilidad en la práctica.

De acuerdo con el proyecto, el envío de presos a trabajar y capacitarse fuera de la cárcel debe garantizar la seguridad y la igualdad de los participantes y con pago. Además, estipula 11 grupos de reclusos que no pueden participar en este modelo, como los que cometen delitos contra la seguridad nacional, la paz, la humanidad o con crímenes de guerra, los que tienen dos o más antecedentes penales, los reclusos peligrosos, los extranjeros, los menores de 18 años y mayores de 60 años.

El mismo día, la Asamblea Nacional abordó también los borradores de Ley de Petróleo (modificada) y de Ley de Radiofrecuencias (modificada).