(VOVworld) – La arena política de Egipto continúa registrando “nuevas olas perturbadoras” después de la disolución del Parlamento y el rechazo del decreto presidencial sobre la reanudación de las sesiones legislativas, por parte del Tribunal Supremo Constitucional. Estos sucesos condujeron a diferendos entre el mandatario elegido democráticamente, Mohamed Mursi y el Ejército en el poder.

Previsiblemente después de las históricas pasadas elecciones presidenciales, Egipto continúa “hundiéndose” en las competencias de poder. En cuanto el nuevo mandatario egipcio ordenó reanudar el trabajo del Parlamento disuelto el pasado 8 de julio por la Alta Corte Constitucional, la opinión pública nacional mostró reacciones contrarias. Mientras que el Ejército y el Tribunal pidieron el acatamiento de todas las decisiones judiciales, el Gobierno de Mursi afirmó que el restablecimiento del Parlamento se basa por completo en los principios de la Constitución. La declaración del nuevo mandatario, líder del movimiento “Hermanos musulmanes” causará casi con toda seguridad más discrepancias con las autoridades militares.

El Tribunal Supremo Constitucional suspendió este martes el decreto presidencial y declaró que se debe ejecutar el fallo anunciado anteriormente de que el Parlamento es inconstitucional. Dos días atrás, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, que traspasó el poder al presidente de los Hermanos Musulmanes en junio, convocó a una reunión de urgencia para evaluar la reanudación de las sesiones parlamentarias. La conferencia presidida  por el alto jefe de la cúpula castrense, Hussein Tantawi, la máxima autoridad en Egipto tras el derrocamiento de Hosni Mubarak en 2011, tuvo por fin investigar y debatir el impacto del decreto presidencial. Entretanto, el Parlamento efectuó el pasado martes una reunión transmitida directamente por la televisión para considerar las decisiones de la Alta Corte, como manifestó el titular del legislativo Saad al-Katatni. Según la opinión pública, estos diferendos suben la tensión entre el nuevo presidente, el Tribunal Supremo Constitucional y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Ante tal situación, la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton llamó a todas las partes a dialogar con vista a poner fin a la actual crisis.

A tono con el decreto presidencial, el Parlamento se reunirá nuevamente para ejercer sus prerrogativas hasta que se cree un nuevo Gabinete. El portavoz de Mursi dijo que la reanudación de las actividades legislativas no viola ni va en contra de la decisión de la Alta Corte, sino respeta los criterios de la Constitución. Por ende, las elecciones parlamentarias anticipadas se organizarán dentro de 60 días después de la ratificación de la nueva Constitución en un referéndum.

Se considera que el decreto  presidencial revierte la disolución del Parlamento adoptada por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas en conformidad con el criterio del Tribunal Supremo de que un tercio de los escaños elegidos en los comicios parlamentarios anteriores fue inválido y que la Ley de la Segregación Política que prohíbe a las autoridades del viejo régimen a volver a la palestra política, es inconstitucional. El pasado 15 de junio, un día antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, este Consejo disolvió al Parlamento. En los comicios, el Partido de Justicia y Desarrollo de los Hermanos Musulmanes obtuvo 235 de los 508 escaños, un 47,18 por ciento de escaños en la Cámara Baja.

Lo más candente radica en las diferencias entre el Ejército y los Hermanos Musulmanes. La elección de Mursi como nuevo presidente egipcio marcó un viraje en el itinerario hacia la democracia en el país de pirámides desde la caída del régimen de Hosni Mubarak. La victoria de Mursi significó el poder para los Hermanos Musulmanes después de 84 años de su fundación. No obstante, desencadenó competencias de poder entre esta organización y el Ejército. La decisión del presidente de restablecer las prerrogativas del Parlamento donde la mayoría de asientos pertenecen a los Hermanos Musulmanes, agudizó las discrepancias. Observadores estimaron que Mursi pretende alcanzar el poder que retiene el Ejército. La recuperación de las facultades legislativas persigue  ampliar el poder presidencial en las políticas importantes del país, ya que la anulación del Parlamento conducirá a luchas por el poder entre las dos facciones e invalidar la victoria del nuevo mandatario.

En la opinión pública predomina el temor de que Egipto entrará en una nueva crisis política. Las diferencias entre el Ejecutivo y el Ejército no parecen que habrán de superarse en el futuro cercano./.